Garantizan cualquier obligación de dar, hacer o no hacer, válida, legal y de contenido económico, celebrada entre dependencias del Gobierno Federal, Estatal o Municipal y entre Particulares.

Engloba una serie de garantías en el cumplimiento de contratos, inversiones económicas, créditos fiscales, entrega de bienes y servicios y en la calidad de los empleados y los materiales usados.

Las Fianzas de Obra y Proveeduría se expiden tanto para Entidades de Gobierno como para contratos entre particulares principalmente en la industria de la construcción, tienen por objeto garantizar concursos y licitaciones, anticipos, cumplimientos y buena calidad de los diferentes pedidos o contratos que en su momento soliciten a los distintos proveedores.

• Fianzas de concurso o licitación. Garantiza la seriedad de la oferta o presupuesto del Concursante y específicamente el mantenimiento de sus precios por el tiempo establecido. Normalmente es entre en un 5% y 10% del Monto de la propuesta económica.
• Fianzas de Anticipo. Garantiza que el anticipo otorgado al Proveedor de bienes o servicios con motivo y a cuenta de la obra o servicio a prestar, sea usado, invertido, aplicado y amortizado según se convenga entre las partes; o bien, sea devuelto total o parcialmente.
• Fianzas de Cumplimiento. Garantiza el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas, plazos establecidos, cantidades y especificaciones acordadas. El monto de esta fianza usualmente es de un 10% del valor del contrato pero puede llegar a ser de hasta un 100%.

• Fianzas de vicios ocultos y buena calidad. Garantiza la buena calidad y la reparación de vicios ocultos o defectos de los bienes construidos, material o equipo instalado o vendidos por el contratista (fiado) al dueño del proyecto (beneficiario), que pudieran llegar a aparecer durante el tiempo que se estipule después de haber recibido la obra contratada y contar con el acta de entrega de trabajos.
• Fianza de Pasivos Laborales Contingentes. Garantiza la reparación del daño causado con motivo de una sentencia condenatoria emitida por una autoridad y como consecuencia del incumplimiento del Proveedor de Bienes o Servicios hacia sus obligaciones laborales para con sus trabajadores.